La Constitución de nuestro país permite a los ciudadanos que se sientan afectados por un acto de autoridad, el derecho de presentar los medios de defensa en contra de los mismos, uno de ellos es el Juicio de Amparo, el cual tiene una cualidad que es que quien se considera afectado (ya sea persona física o una empresa) por un acto administrativo, legislativo o judicial pueda pedirle al juzgador a partir de la presentación de la demanda y hasta antes que resuelva el juicio  “suspenda los actos de autoridad” para los efectos de que no se le sigan violentando sus derechos de manera provisional.

Es importante destacar que muchas veces no existen posibilidades de obtener esta suspensión de los actos al parecer arbitrarios o inconstitucionales, para lo cual el Juzgador debe analizar y ponderar que esta medida consistente en la suspensión de actos cumpla con dos requisitos:   1) Que no sea contraria al interés público de la colectividad, es decir que con la suspensión afecten mayores derechos de personas y 2) La apariencia del buen derecho, que es una apreciación que hace el juzgador de los hechos y los derechos violentados.

En el caso particular del aeropuerto de Santa Lucia, existen múltiples amparos promovidos por ciudadanos que se consideran afectados, los cuales manifiestan que los actos de autoridad son contrarios 1) Al medio ambiente por no contar con los requisitos que establece la ley de la materia y 2) Que la construcción del aeropuerto ha sido inconstitucional puesto que el gasto resulta contrario a los principios de eficiencia, eficacia, económica, honradez y transparencia que establece el artículo 134 de la constitución ya que a la fecha existe un aeropuerto en construcción que se desestimó continuar.

Como en este y otros casos debemos confiar en que el Poder Judicial de la Federación analice correctamente cada situación y resuelva este asunto tan trascendental para nuestro país de la forma más conveniente priorizando los derechos humanos de la colectividad.